Terminar con la impunidad, que invita al delito y aumenta la inseguridad

Por: Ignacio Arellano Mora

La legisladora del PRD, Julisa Mejía Guardado,  agregó que en sus recorridos cotidianos por el Estado de México, el más poblado del país, la primera queja es “ayúdenos para que vivamos tranquilos, sin tantos delincuentes en las calles que nos roban a cualquier hora lo poco que llevamos”.

Precisó la diputada federal, por lo que tiene que gestionar ante la autoridad correspondiente que se brinde seguridad en las colonias, pueblos, comunidades de los municipios mexiquenses.

“Los ciudadanos no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades, por ello menos de la cuarta parte de los delitos se denuncian, porque de estos un 15% se investiga, ya que le piden dinero a los denunciantes para hacerlo, y solo el 4% de ellos se concluye. La impunidad en que vivimos es una invitación al delito, porque no se procura ni se administra justicia en el país”, subrayó.

Resaltó que la impunidad en México sigue siendo una invitación al delito, toda vez que el 98% de ellos quedan sin castigo y solo el 1% de los denunciados se llevan a proceso y en su caso los infractores son sentenciados, de acuerdo a los propios números de las autoridades e investigadores.

Por ello, expresó que la demanda de los ciudadanos de mayor seguridad en sus vidas y patrimonios debe ser una prioridad.

Comentó que en todas las regiones del país, aunque no haya marchas como las realizadas en diversos puntos de Tamaulipas recientemente, la primera demanda de las familias es la seguridad de sus integrantes ante la creciente delincuencia que ahoga y cerca a los ciudadanos.

Recordó que organismos internacionales de derechos humanos y de la ONU, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han coincidido en señalar que el clima de inseguridad que priva en México disminuirá en la medida que se abata la impunidad.

A unos metros de la oficina del gobernador de Chihuahua, asesinaron a una madre que pedía justicia por el asesinato de su hija, comentó, y no hubo justicia.

Recientemente un activista que pedía castigo para el asesino de su hijo, corrió la misma suerte, agregó y preguntó: “¿quiénes son los que procuran justicia en México?”.

A esto se suma, apuntó, el caso de los jueces sobornados por los dueños de casinos en México y la pensión vitalicia que los magistrados electorales se quieren dar, cuando estos ganan lo suficiente para no dejarse corromper y menos pedir haberes adicionales a los que reciben.

De acuerdo con el portal del Tribunal electoral, el salario de un magistrado de Sala Superior asciende a 244 mil 209 netos al mes, además de gozar de un aguinaldo de 369 mil 713 pesos, una prima vacacional de 59 mil 457 y pago por riesgo de 411 mil 816 pesos. “¿Y todavía quieren más?”, cuestionó la diputada del PRD, como pago por los servicios prestados al poder.

Por ello llamó a verificar resultados del nuevo Sistema Penal Acusatorio tan anunciado e iniciar la reforma integral del Poder Judicial en México para que la impunidad no sea semillero de delincuentes en el país, ya que de otra manera la inseguridad seguirá permeando entre los ciudadanos y la descomposición social un detonante de violencia que nadie podrá parar.

Ya que, terminó, se publicita mucho el número de los delincuentes aprehendidos por los cuerpos policíacos, “pero nunca sabemos si son procesados, porque si ahora se dice que las cárceles están sobrepobladas ya, ¿en dónde los encierran o los dejan libres enseguida? Porque no cabrían en ellas. Que la autoridad nos explique”.