El Diputado Dr. Rodolfo Ondarza presentó ante el pleno de la ALDF una iniciativa que modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, con el propósito de que se establezca en la legislación la definición de “fraude científico”; y sea responsabilidad de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, detectar y sancionar los casos que se presenten en el Distrito federal, así como propone la creación de una oficina de “Integridad Científica” que no sea compuesta por los mismos investigadores, y en caso necesario sea la responsable de denunciar penalmente a los delincuentes científicos.
Lo anterior, toda vez que en México no existe una dirección o departamento que investigue, audite o sancione estos casos, ya que solo en algunas instituciones se cuenta con un comité interno, que en esporádicas ocasiones hace “llamadas de atención”, y debido a que toda investigación recibe un apoyo económico se debe castigar a quienes estén implicado en alguna práctica fraudulenta.
Durante la presentación de la iniciativa, el Diputado Ondarza señalo que un ejemplo de esto es lo sucedido con el Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, ampliamente conocido por sus fraudes en la investigación, quien aprovechando su posición de Sub-director de Investigación, ha cometido plagio, falsificación y fabricación de resultados, a pesar de ser denunciado por diferentes instancia, incluso por crímenes de lesa humanidad, ya que realizó prácticas experimentales en seres humanos, a quienes implantó un dispositivo cerebral que daño a cerca de 500 personas.
Al respecto, diversos medios de comunicación han documentado estos hechos, dando cuenta del daño generado a los pacientes, quienes incluso algunos perdieron la vida, sin que a la fecha se haya presentado alguna sanción, por el contrario, estos fraudes y crímenes le han servido para obtener diversos cargos y nombramientos, destacándose recientemente la entrega del premio al humanismo “Luis Elizondo” del patronato del Tecnológico de Monterrey.
Lo anterior hace suponer que no es el único caso de fraude científico, predominando la impunidad ante la falta de instancias y procedimientos legales, que sanciones a estas personas en nuestro país.
Por ello, considerando que para el 2015 se ha aprobado el presupuesto federal en ciencia de 88 mil 54 millones de pesos, para el CONACYT se destinaran 33,707 millones de pesos y para el Sistema Nacional de Investigadores, 3,722 millones de pesos, es necesaria la creación de esta dirección de “Integridad Científica” que supervise, audite y sancione casos de fraude, por lo que se espera que esta iniciativa sea aprobada a la brevedad por el pleno de la ALDF.
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