*** Pretenden ocultar el verdadero origen de las confrontaciones violentas con los ciudadanos por el tema del agua, afirmó
Ignacio Arellano Mora
El diputado federal del PRD Fernando Zárate Salgado pidió a la Comisión Permanente, a través de un Punto de Acuerdo, solicitar a las Comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos, inicien una investigación de oficio con relación a las posibles violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios durante la construcción del proyecto hidráulico en el Pueblo San Bartolo Ameyalco, de la Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, y que derivaron en los hechos de violencia acaecidos el pasado 21 de mayo.
Asimismo, solicitar al Gobierno del Distrito Federal informe respecto de la implementación y cumplimiento de los Tratados Internaciones, específicamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se agrega en el documento presentado también por el diputado Fernando Zárate Salgado.
“Hace algunos días vivimos en la Ciudad de México uno de los conflictos sociales –la ejecución de un proyecto de agua en el pueblo originario San Bartolo Ameyalco– que no sólo representa el reto actual para sus gobernantes, sino uno de los principales futuros problemas para millones de familias que buscan una vida con libertad y dignidad en el Distrito Federal y toda la zona metropolitana”, dijo el diputado.
Indició que éste “es un precedente que va más allá de la política simplona o interesada. Si permitimos que se evite el análisis de información fehaciente y exhaustiva, perderemos la oportunidad de examinar la dinámica entre los ciudadanos, el Estado y la relación entre ambos. ¿Qué dinámica es aceptable y cuál debemos rechazar tajantemente para nuestra delegación y ciudad?”.
“Las autoridades hasta el día de hoy, no sólo se han escondido en acusaciones sencillas y superficiales, sino que pretenden también ocultar el verdadero origen de las confrontaciones violentas con los ciudadanos por el tema del agua”, agregó.
El interés fundamental del pueblo de San Bartolo Ameyalco es conservar los recursos naturales, protegiéndolos de los depredadores económicos estableciendo procedimientos idóneos para el reparto equitativo de todos los pobladores que con justicia claman por el líquido esencial. Derecho de procedimiento y de fondo que se les han negado.
Es evidente que han perdido la oportunidad de priorizar el verdadero carácter del Estado Mexicano, especialmente del gobierno. Se han confundido y pretenden arrastrar a quién se deje para ocultar la poca pericia y el nulo entendimiento del papel de la autoridad.
“La inequidad y falta de oportunidades, principalmente en el acceso a los servicios públicos, así como la tenencia de la tierra en San Bartolo, remiten a un conflicto que tiene cuando menos 500 años: solucionarlo con la fuerza policial es tan absurdo como imposible. El conflicto ha potenciado la violencia preexistente y ha sembrado el miedo hacia las autoridades. ‘Mano dura’, afirman las autoridades y lo acompañan de una nube de argumentaciones sin sustento para mantener la paz social. Tremendo error y una estrategia peligrosa echarle la culpa a los vecinos”, aseveró.
Es principio constitucional que la autoridad respete los derechos humanos, principalmente en pueblos originarios, y no fomentar mediante su actuar la corrupción e impunidad institucional. La autoridad debe acabar con la falsa premisa de “gana” el que ya se presume imbatible, el que dispone de los recursos y la fuerza para crear un efecto inercial en su favor.
Zárate Salgado indicó que “es lamentable que en este caso la autoridad quiera soluciones someras, acusando a la comunidad de San Bartolo Ameyalco de violenta e irascible. Olvida y niega la capacidad de los ciudadanos y sobre todo que gracias a ellos están en el poder”.
El Gobierno más peligroso es aquel que da la espalda a los ciudadanos. Por ello es necesario revisar de manera escrupulosa el derecho inalienable a participar en los procesos de decisión, en este caso respaldado por el Convenio 169 de la OIT que se establece los derechos fundamentales de los pueblos originarios, sin el uso de la fuerza coercitiva, así como ser consultados en todas las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, ratificado apenas el día 27 de mayo de este año por la Suprema Corte de Justicia de Nación resolviendo la Controversia Constitucional 32/2012, promovida por el Municipio de Cherán, Estado de Michoacán.
“El futuro de la Ciudad de México encuentra en el caso San Bartolo Ameyalco un inmejorable caso para trazar la ruta o para corregirla. Aún es tiempo, y la Cámara de Diputados puede fungir como mediadora entre autoridades y ciudadanos”, concluyó.
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