NI UN PASO ATRÁS EN TÉRMINOS DE GARANTÍA A LA MOVILIDAD -RESPONDE BALLESTEROS A CDHDF-

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Citará ALDF a mesa de trabajo por acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad.

 Tanto el derecho a la libre manifestación como el derecho al libre tránsito y movilidad deben ser garantizados en la Ciudad de México.

 Ambos derechos deben coexistir y la SCJN deberá analizar las obligaciones y la acción de las autoridades para garantizarlos. 

 En relación a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 213 y 214 de la Ley de Movilidad, la Vicecoordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa, Laura Ballesteros, aseguró que los derechos de reunión, manifestación y libre expresión deben convivir con el derecho a la movilidad, logrando así la garantía de cada uno de ellos para el capitalino.

La legisladora local señaló que el Partido Acción Nacional buscará que la Comisión de Gobierno en la ALDF reciba tanto al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, como a la Presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, a fin de abrir la discusión y escuchar con atención los argumentos señalados en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

“No nos confundamos, no daremos un solo paso atrás en el reconocimiento del derecho a la movilidad de los capitalinos, las acciones de ambas Comisiones de Derechos Humanos buscan definir la acción de las autoridades para garantizarlos.  Respetando la autonomía de cada poder, el legislativo de la Ciudad, depositado en la Asamblea Legislativa, dará la bienvenida a los comentarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese tenor invitaremos a los presidentes de ambas Comisiones a una mesa de trabajo a efecto de que se abra la discusión. Hay muchas cosas que debatir, entre ellos el análisis de los contenidos de los artículos señalados en materia de libre manifestación, ya que los señalados estaban contemplados tal cual en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal desde 2002, y no es hasta ahora que se impugnan. La SCJN tendrá que revisar la oportunidad en la presentación de dicha acción de inconstitucionalidad, dado que el término para su imposición es de 30 días”, afirmó.

“Si bien de manera general la Ley de Movilidad se trata de una legislación nueva, de manera particular los artículos 212 y 213 son Derecho vigente en la ciudad desde hace 12 años, por lo que exhortamos a la SCJN a que analice de fondo la procedencia de la inconstitucionalidad planteada”, dijo.

Al señalar las dificultades que enfrentan miles de capitalinos para transitar por la Ciudad cuando se registran marchas y manifestaciones, aseguró que tanto el derecho a la libre manifestación como el derecho al libre tránsito y a la movilidad tienen la misma cabida, por lo que se tendrá que trabajar para lograr la plena garantía de ambos y no sólo del primero como ocurría antes de la aprobación de la Ley de Movilidad.

“Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que ningún derecho esté por encima de otro. Y por ello, el derecho a la movilidad se tiene que garantizar en la Ciudad de México cuando existan marchas y manifestaciones. Debemos velar por los derechos de los ciudadanos que ven afectada su rutina y padecen el impacto económico y social cuando se les atraviesa una marcha o manifestación”, afirmó Ballesteros.

Recordó que, de acuerdo con la Coparmex, el sector privado registró pérdidas por 500 millones de pesos debido a las marchas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mientras que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de México (Canaco), y en Pequeño (Canacope), reportaron pérdidas por mil 250 millones de pesos por la caída hasta 80 por ciento de las ventas debido a estos plantones.

Captada en recorrido por la Delegación Miguel Hidalgo para la recolecta de firmas a favor de la consulta popular sobre el salario mínimo promovida por el PAN, la legisladora señaló también la importancia de avanzar en la Ciudad hacia un marco jurídico metropolitano donde no sólo sea posible ampliar el derecho de movilidad hacia el Estado de México, sino a todos los estados que conforman la Megalópolis.

 Al respecto, urgió a la reactivación de la Cometravi a fin de que se promueva la creación de un Plan Metropolitano que destine el 1% del presupuesto total de construcción del tren interurbano México-Toluca para la realización de estudios específicos de impacto urbano, impacto ambiental e impacto de movilidad de la  obra.

 

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