Proliferan desapariciones forzadas; Ley General en la materia sigue frenada.

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  • Legisladores incurren en falta por no aprobar dicha legislación
  • Cada día que pasa va en perjuicio de todos los mexicanos, particularmente de aquellos que son levantados o sufren la desaparición forzada de algún familiar
  • El vicepresidente de la Cámara Baja urgió a las comisiones de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública a trabajar en el dictamen correspondiente

 foto 1 DIP ALEJANDRO OJEDA

Tras manifestar que la Cámara de Diputados incurre en falta por no aprobar la Ley General Contra la Desaparición Forzada, el vicepresidente de este órgano legislativo, Alejandro Ojeda, urgió a las comisiones de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública a trabajar en el dictamen correspondiente.

 Recordó que el pasado 6 de enero venció el plazo constitucional para tener aprobada dicha legislación reglamentaria que da normatividad a la reforma que se hizo al Artículo 73 Constitucional.

 El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que cada día que pasa sin dictaminarse esta ley secundaria, va en perjuicio de todos los mexicanos, pero principalmente de aquellos que por desgracia son levantados o sufren la desaparición forzada de algún familiar.

 Sin demeritar la recaptura del Chapo Guzmán, dijo que es inadmisible que mientas las instancias del gobierno federal hacen una alharaca mediática sobre este hecho, se siga regateando a la población en general su derecho a mantenerse a salvo de las acciones criminales de la delincuencia organizada.

 Declaró que mientras la Cámara Baja sigue posponiendo la discusión y el debate para crear esta ley fundamental para los mexicanos, los casos de desapariciones forzadas siguen proliferando por todo el país, como son los ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz, y Arcelia, Guerrero.

 Mencionó que en el primer caso, cinco jóvenes (cuatro hombres y una mujer) fueron detenidos por policías municipales de Tierra Blanca, localidad veracruzana, y hasta el momento no se sabe nada de ellos, y pese a las denuncias de los padres, los muchachos todavía se encuentran desaparecidos.

 Agregó que en el caso de Arcelia, Guerrero, primero fueron secuestrados más de una veintena de profesores, la mayoría de ellos liberados casi inmediatamente, aunque cinco siguieron privados de su libertad; días después cuatro de ellos reaparecieron, al tiempo que se informó que uno falleció desde el primer momento del levantón.

 “Sin lugar a dudas –dijo– una ley no va a resolver por decreto el grave problema de las desapariciones forzadas, pero representa un primer paso para que el Estado asuma la responsabilidad ineludible no sólo de dar con el paradero de quien sufre un levantón o es privado ilegalmente de su libertad, sino de dar máxima protección y certidumbre a los familiares de la víctima”.

 Por ello, refrendó su convocatoria para que todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y/o el Senado de la República asuman su responsabilidad y, de una vez por todas, sea dictaminada la legislación secundaria en materia de desapariciones forzadas para que en su caso sea aprobada a la brevedad posible, una vez que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones.

 Opinó que es un hecho que las desapariciones forzadas representan una problemática que se extiende prácticamente por todo el país, donde muchas de las autoridades estatales o municipales pudieran tener un alto grado de responsabilidad sea por omisión, incapacidad o incluso por complicidad.

 Por ello, insistió, es urgente aprobar la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas, cuya finalidad es la de proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar este delito, así́ como para la protección y asistencia a las víctimas, familiares y testigos.

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