La solicitud de licencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero es resultado del clamor de la sociedad de la sociedad guerrerense y nacional por los hechos del 26 de septiembre de 2014 y la situación de ingobernabilidad que existe en Guerrero desde antes de esa fecha.
Pero de los mecanismos para la separación del cargo de Aguirre y para que responda por su graves omisiones y acciones, el mandatario escogió el que le resulta el más cómodo, en lugar de renunciar y ponerse a disposición de la Procuraduría General de la República. La estructura de su gobierno que favoreció los hechos del 26 de septiembre y que permitió que los grupos criminales se apoderaran de la mayoría de los municipios de Guerrero, queda intacta.
Como hemos señalado Ángel Aguirre es responsable de graves hechos, a saber:
1. No haber actuado en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su responsabilidad en el asesinato de Arturo Hernández Cardona y dos personas más, en hechos ocurridos entre el 30 y 31 de mayo de 2013.
2. No haber actuado en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por haber protegido al grupo criminal Guerreros Unidos, el cual convirtió al municipio en una zona para el exterminio de sus víctimas e inhumación clandestina.
3. No haber actuado en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por haber implantado en el municipio- en complicidad con Guerreros Unidos- un esquema de expolio en contra de la población, mediante el cobro periódico de “derecho de piso”.
4. Haber creado, por esas tres razones las condiciones propicias para que ocurrieran los hechos del 26 de septiembre de 2014.
5. No haber actuado de inmediato para localización y rescate de los 43 estudiantes normalistas privados de la libertad.
6. No haber actuado de inmediato en contra del alcalde de Iguala, su jefe de policía y los agentes involucrados en los hechos del día 26, con lo cual Aguirre –una vez más- favoreció la impunidad de los dos primeros.
Por tanto nuestra postura es que:
1) La exigencia de desaparición de poderes en Guerrero, lejos de quedar fuera de lugar por la solicitud de licencia, se ve robustecida. La licencia es otra prueba más de la ingobernabilidad, de la ausencia de los poderes locales legítimos en el estado.
2) El Senado de la República debe proceder de inmediato a reconocer la desaparición de poderes y nombrar gobernador provisional.
3) Independientemente de que el gobierno federal debe continuar con la búsqueda de los desaparecidos, debe someter a investigación al gobernador de Guerrero (y a sus colaboradores) y acusarlo(os) penalmente por sus graves omisiones y acciones.
4) El gobierno federal debe, en forma supletoria, cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de someter a investigación a todos los gobiernos municipales por su colusión con los grupos criminales y asumir las funciones de seguridad pública.
José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.
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