Canacope-Comida Chatarra

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que dirige
el ing. Eduardo Daniel Contreras Pérez, muestra un análisis sobre las restricciones a la
comida chatarra y su impacto en el sector.

Es necesario remarcar que el contexto que vive nuestro país de cara a la pandemia de
COVID-19, la transición a la nueva normalidad y la lenta recuperación económica deja al
descubierto que la aprobación que concibió el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados a niños no representa una solución para
las problemáticas de salud y detona un factor de riesgo adicional para el sector comercial,
si bien esta nueva disposición está bien intencionada no significa que sea una buena obra
y por el contrario, entorpece la recuperación económica para él sector, esto debido a que
sólo se concentra en productos envasados que se comercializan a través del comercio
formal lo que traerá consigo una desventaja importante ante el comercio informal. Además
de que las consecuencias colaterales impactarán directamente a las ventas de los negocios
sus familias de aquellos que laboran en esta cadena productiva.

Tan solo en la Ciudad de México existen alrededor de 121, 883 pequeñas empresas
dedicadas al comercio minorista de abarrotes, las cuales representan una fuente de empleo
para al menos 900 mil personas, tras el confinamiento para contener la pandemia han tenido
una pérdida económica promedio del 25% en sus ventas. Lamentablemente el 15% de estos
negocios, al no poder contrarrestar la disminución en sus ventas, se han visto obligados a
cerrar.

Situación que se puede agravar con las medidas prohibicionistas, las cuales no sólo
perjudican a dueños y trabajadores de las denominadas “tienditas de la esquina”, sino a
todos aquellos que participan en la cadena productiva de la industria agroalimentaria; es
decir, en su producción, distribución y comercialización. Así en la Ciudad de México este
tipo de iniciativas pondría en jaque a por lo menos un 40% de pequeños negocios en pleno
intento de recuperación.

Dentro de este marco de eventos existen también ciertas desventajas de esta iniciativa que
no han sido aclaradas en su totalidad por parte de las autoridades, por mencionar algunas:

Más allá de dar un seguimiento a las penalizaciones para los comercios que no cumplan
con esta disposición ¿cómo será el seguimiento y los mecanismos de acción para con el
comercio informal? Hasta el momento es uno de los factores que prevalecen sin ningún tipo
de regulación o seguimiento y que también esta incrementando a consecuencia de las
secuelas de la crisis que atraviesa el sector a causa del COVID – 19

Sin pretender ser escépticos, no existe certeza de que las autoridades cuenten con la
infraestructura suficiente para dar seguimiento a la iniciativa que se está promoviendo.
También cabe mencionar que el sector se encuentra en un momento de alta vulnerabilidad
que limita esta transición ante este tipo de iniciativas.

Asimismo, es importante contemplar el impacto descontrolado de forzar un cambio abrupto
en el sector cuando no se cuentan con mecanismos de apoyo y financiamiento por parte de
las autoridades en este momento de decaimiento, 90% de estos negocios vive
prácticamente al día, y sus alternativas de financiamiento son los proveedores y la familia.
Bajo esta situación de emergencia generalizada sus alternativas de financiamiento,
recuperación y crecimiento están prácticamente canceladas.

Para finalizar, sostenemos que es imperante establecer nuevos mecanismos en la toma de
decisiones en los que sean escuchadas todas las voces implicadas. Por ello hacemos un
llamado a las autoridades, y ratificamos nuestra disposición, para entablar mesas de trabajo
conjunto en las que todas las partes puedan dialogar. Confiamos en que el diálogo es el
camino en la construcción de un plan que esté a la altura de las necesidades de la sociedad
sin atentar contra la recuperación económica de los pequeños comerciantes. Consideramos
contraproducentes las medidas prohibicionista en el seno de la crisis económica que ha
traído consigo la emergencia sanitaria del COVID-19.